Veracruz y Tamaulipas y sus tres tristes trastos…

Otra deuda exorbitante

Con base en cifras de Hacienda y del Inegi, legisladores panistas federales y locales de Veracruz revelan que en 11 años esa entidad ha hecho crecer desproporcionadamente su deuda pública. En poco más de una década, afirman, el adeudo estatal se elevó más de 67 mil por ciento y ahora la entidad debe pagar unos 60 mil millones de pesos, para lo cual ya comprometió las participaciones federales de los próximos 30 años… “Algo anda mal”, concluyen, aunque no es posible castigar esa irresponsabilidad, porque todo se ha hecho con el aval del Congreso local.

Miguel Alemán Velasco y Fidel Herrera Beltrán, exmandatarios, y Javier Duarte, actual gobernador y quien fue secretario de Finanzas de aquél, contribuyeron a que la deuda del estado de Veracruz en 11 años (de 2000 a 2011) haya tenido un crecimiento acumulado de 67,000%, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Aunque oficialmente Veracruz sólo tiene registrada ante Hacienda su deuda con instituciones bancarias -que al 31 de marzo del año pasado era de 21 mil 874 millones 400 mil pesos-, diputados de oposición afirman que el monto real es de más de 60 mil millones, por adeudos acumulados en otros rubros.

La administración veracruzana ha comprometido los recursos de las participaciones federales de los próximos 30 años para pagar líneas de crédito contratadas desde el gobierno de Alemán Velasco, que en 2004 le dejó al estado una deuda de 3 mil 500 millones de pesos, la que hoy se acerca oficialmente a 22 mil millones.

Un análisis del área económica del grupo legislativo del PAN en el Congreso de la Unión sobre la deuda de los estados -elaborado con datos de la SCHP, el Inegi y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social- calificó de “sorprendente” el caso de Veracruz.

En el análisis del periodo 2000-2011, la deuda veracruzana creció 67 mil 939% al llegar el último año a 21 mil 874 millones de pesos, dice a este semanario el legislador federal Luis Enrique Mercado.

Según el estudio sobre la deuda de las entidades federativas, difundido en agosto pasado, explica que si los estados tuvieran que pagar sus adeudos en estos momentos, en promedio invertirían 60% de las participaciones federales, “lo que constituiría un problema financiero.

En torno a Veracruz, asegura que cualquier pasivo que crece 67,000% indica que algo anda mal y aunque se ha actuado de manera irresponsable, en este momento “no hay ninguna sanción, ya que son entidades soberanas y corresponde al Congreso local poner freno a esa velocidad de endeudamiento”.

Gasto corriente, en riesgo El senador veracruzano Juan Bueno Torio afirma que la deuda pública en las entidades creció de manera desproporcionada, ya que en 2000 era de 90 mil 731 millones de pesos y al 30 de septiembre de 2011 había llegado a 358 mil 501 millones.

Con excepción de Tlaxcala, que mantenía su endeudamiento en cero, y Querétaro, que lo redujo 7%, las obligaciones financieras de entidades y municipios se cuadruplicaron en los últimos 11 años, significando ya una tercera parte de las participaciones federales para los estados, dice a Proceso.

“Esto representa un aumento global de 295.1% en términos nominales y de 144.8% en términos reales, observándose una tendencia a incrementar su deuda pública pese a que han aumentado las participaciones federales para los estados”, apunta.

El también subcoordinador de política económica de la bancada panista en el Senado explicó que en 2000 las participaciones federales que recibieron los estados por los ramos 28 y 33 fueron de 357 mil millones de pesos, en 2011 fueron 915 mil millones y en 2012 serán 985 mil 953 millones.

No obstante considera que ante el crecimiento de la deuda pública en estados y municipios “hay un riesgo latente de que una parte sustancial de esos recursos sean destinados a cubrir pasivos en el corto y mediano plazos”, lo que imposibilitaría el pago de su gasto corriente.

Los estados que más han aumentado su nivel de deuda respecto de sus participaciones federales de 2005 a marzo de 2011 fueron Chiapas con mil 320%; Nayarit, 542%; Colima, 456%; Oaxaca, 413%; Tamaulipas, 398%; Campeche, 269%; Veracruz, 243%; Coahuila, 223%; Quintana Roo, 201% y Tabasco, 160%, detalla.

En el caso de Veracruz, explica por su lado el secretario general del Comité Directivo Estatal panista, Marco Antonio Núñez, las participaciones y aportaciones federales entregadas a la entidad en 2011 ascendieron a 62 mil 457.1 millones de pesos, lo que significa una tasa de crecimiento acumulado de 110% en el periodo 2000-2011.

Señala a la reportera que el saldo de la deuda registrada ante Hacienda hasta marzo del año pasado era de 21 mil 874 millones 400 mil pesos, con un promedio de crecimiento de 81.4% en los últimos 11 años, aunque “el endeudamiento real del estado es superior a los 60 mil millones”.

Agrega que en agosto pasado el propio subsecretario de Hacienda, Gerardo Rodríguez, mencionó que en algunas entidades se observó un crecimiento acelerado de la deuda pública vinculada con una evolución en sus gastos, que no fue acorde con el comportamiento de sus ingresos.

El mismo funcionario federal, dice Núñez, “admitió que hay una diferencia cercana a 50 mil millones de pesos entre los montos de deuda registrada y la no registrada por los estados” ante la SHCP, la cual no podía ser resuelta con un mero incremento en los recursos federales que reciben.

El nivel de endeudamiento que enfrenta el estado, subraya Núñez, provocó que en 2011 se paralizara la actividad económica en Veracruz: “No hubo obras ni inversiones”, ya que el gobierno de Duarte tuvo dificultades para restructurar la deuda pública autorizada por el Congreso local.

Y es que según la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) el año pasado la deuda estatal con la banca sólo era de 12 mil 600 millones de pesos, más 17 mil 400 millones de adeudos que desde 2010 no se habían liquidado a contratistas, proveedores y prestadores de servicios.

Baja calificación De hecho la calificación crediticia ha ido a la baja desde principios de 2000; incluso la calificadora internacional Fitch Rating puso las finanzas estatales en situación de riesgo debido “fundamentalmente al fuerte deterioro en las finanzas públicas al cierre del ejercicio 2010”.

En agosto pasado el Congreso local autorizó a Duarte contratar un nuevo crédito para restructurar la deuda pública y para el cumplimiento de obligaciones pendientes de pago con terceros, así como la afectación de participaciones federales, “como fuente de pago o garantía de los financiamientos a contratar”.

En el decreto número 289 -publicado el 5 de agosto de 2011 en la Gaceta Oficial de Veracruz- se aseguró que el nuevo endeudamiento sería destinado a la restructuración de la deuda pública vigente de la entidad “por un monto de hasta 12 mil 600 millones de pesos”.

Además fue autorizada “la contratación de endeudamiento para hacer frente a las obligaciones con terceros pendientes de pago, derivado de la ejecución de obras, contratación de servicios y adquisición de bienes, hasta por un monto de 17 mil 400 millones de pesos.

“Los montos de endeudamiento autorizados podrán contratarse mediante la celebración de uno o varios créditos con instituciones bancarias mexicanas o mediante la emisión de instrumentos bursátiles y su colocación entre el gran público inversionista en el mercado de valores, hasta por un plazo de 30 años”, señala el decreto.

El dinero sería para refinanciar los contratos de apertura de créditos celebrados en noviembre y diciembre de 2010 con el banco Interacciones hasta por 4 mil 100 millones de pesos; mil 500 millones con el Banco del Bajío; mil 100 millones con banca Afirme; mil millones con banca Mifel; 500 millones con la misma institución y mil 400 millones con banco Inbursa.

Pero en el mismo decreto también se autorizó al titular del Ejecutivo estatal a solicitar un plazo de amortización adicional de garantía para liquidar la deuda contratada, que causará intereses por 50% del monto total de los financiamientos.

En esa misma fecha el Congreso local autorizó al Ejecutivo, a través de la Sefiplan, contratar un crédito por 4 mil 756 millones 960 mil pesos con Banobras, para hacer frente a las reglas de operación del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden).

Este último crédito, establece el decreto, “únicamente deberá destinarse a inversiones públicas productivas y para cubrir aportaciones al correspondiente fideicomiso Fonden estatal, relativa a la declaratoria de desastre emitida por la Secretaría de Gobernación en 2010 para solventar costos de obras y acciones de reconstrucción de infraestructura dañada por fenómenos meteorológicos”.

De esta manera en un solo paquete el Congreso autorizó a Duarte contratar más de 34 mil 756 millones de pesos con diversas instituciones bancarias.
Opacidad No fue sino a principios de este mes cuando el titular de la Sefiplan, Tomás Ruiz González, aseguró haber “logrado” la restructuración de la deuda pública hasta por periodos de 15,20 y 25 años “con la finalidad de dar continuidad a los proyectos de desarrollo del estado”.

En declaraciones a medios locales, sin precisar el monto real del endeudamiento que mantiene el estado a la fecha, el martes 3 el funcionario aseguró que en una primera etapa pudo restructurar 18 mil millones de pesos”.

“Con esta reestructura logramos incrementar los plazos de 15, 20 y hasta 25 años, dependiendo de la institución bancaria, lo que permite una menor carga financiera (…) para que pese menos el pago de la deuda y de esta forma no se limiten las posibilidades de desarrollo en el estado en el corto plazo”, dijo.

Según Ruiz esta medida “fue posible gracias al esfuerzo que se ha hecho para poner orden en la hacienda pública, en el restablecimiento del orden en las finanzas, sin lo cual no hubiera sido posible la reestructura de obligaciones financieras”.

Con estas acciones, agregó, “fue posible pagar parte de la deuda que se mantenía con empresas proveedoras y contratistas.

Fue un monto cercano a los 2 mil 500 millones de pesos y el faltante se cubrirá en las próximas semanas”.

Para el diputado local panista Óscar Lara Hernández lo dicho por el titular de la Sefiplan, no dejan de ser “declaraciones mediáticas”, ya que hasta hoy sigue habiendo opacidad en torno al monto real de la deuda pública del estado: “Se nos sigue negando la información”.

“El juego de cifras es la estrategia que el gobierno del estado ha venido utilizando para generar confusión en la población, ya que lo real es que el estado está financieramente quebrado y fácilmente debe 60% de los 86 mil millones de pesos de presupuesto autorizado por este Congreso”, acusa.

El también exdirigente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en el puerto de Veracruz dice a este semanario que está seguro de que el gobierno estatal no ha pagado ni siquiera 10% de sus obligaciones financieras con terceros, “pues sólo se han hecho abonos muy pequeños que no llegan ni a mil millones de los 17 mil millones que reconocen”.

Este gobierno persiste en su estrategia, remarca, “ya que la información de Tomás Ruiz no concuerda con la realidad al declarar que había restructurado 18 mil millones de la deuda; legalmente es imposible porque el Congreso sólo le autorizó restructurar 12 mil 600 millones”.

Lo único cierto, acota, “es que hay opacidad, falta de transparencia, de ética y profesionalismo gubernamental para dar los datos correctos y mientras siga con este juego mediático para desinformar a la población, no podemos tomar medidas de algo que desconocemos.
Hasta hoy, subraya, “como diputados lo único que sabemos es que dentro del presupuesto de egresos de este año se destinan más de 3 mil 800 millones de pesos para el pago del servicio de la deuda, lo que nos indica, haciendo una corrida financiera, que ésta ronda casi los 60 mil millones”.

Los datos de la deuda pública estatal incluso “se ocultan” en el informe de resultados del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) relativo a la cuenta pública de 2010, que el Congreso local deberá dictaminar antes de que acabe este mes.

“El rubro de la deuda pública viene limpio”, señala por su lado el coordinador de la bancada panista Danilo Alvízar Guerrero, quien a pesar de ser secretario de la Comisión de Vigilancia del Congreso -que deberá dictaminar este asunto- no ha recibido “suficiente información”.

Dice a la reportera que en el informe de resultados de las auditorías al último ejercicio fiscal de Fidel Herrera sí se hace mención de la deuda pública, lo grave es que “no se da la cifra, lo cual nos preocupa porque pareciera que quieren ocultar la situación fiscal”.

Por ejemplo, refiere, “no viene suficientemente explicado el tema de los 10 mil millones de pesos del préstamo que pidió Fidel Herrera de último momento; no se dice en qué ni cómo se ocupó ese dinero que estaba destinado a la reconstrucción de zonas devastadas por los huracanes de 2010, porque durante 2011 no se realizó ninguna obra”.

Añade que pese a que el Orfis envió dicho informe al Congreso local, la bancada del PAN ha insistido en la ampliación de información sobre la situación financiera de la deuda pública y de las dependencias del gobierno del estado. No nos ha llegado para poder analizarla”.

Se queja de que la capacidad de trabajo de su partido -por ser de oposición- en este tipo de temas se ve limitada “por los filtros” que hay desde la Comisión de Vigilancia, donde la mayoría la tiene el PRI, que seguramente aprobará el informe del Orfis.

El presidente de la Comisión Dictaminadora, el priista Américo Zúñiga Martínez, cuestionado sobre cómo había salido la revisión fiscal de la deuda pública, se limita a señalar que todo viene “perfectamente” explicado en el informe del Orfis.

-¿No hubo ninguna irregularidad? -le pregunta Proceso.

-Eso no puedo decirlo. No he dicho que no haya irregularidades. Creo que la cuenta pública viene con importantes puntualizaciones en los entes públicos fiscalizábles: municipios y gobierno estatal. En el informe vienen también de forma muy directa y muy puntual las deficiencias que se han detectado, pero en este momento estamos en la construcción del dictamen.

Regina Martinez

 

Lanzan alerta migratoria sobre 3 ex gobernadores en Tamaulipas

Eugenio Hernández, Tomás Yarrington y Manuel Cavazos Lerma, los tres últimos gobernadores de Tamaulipas, están bajo la lupa de las autoridades federales. Y en la antesala de la contienda electoral 2012, se emitió un oficio para obligar a los aeropuertos a informar sobre cualquier viaje que realicen ellos y 46 familiares, funcionarios, empresarios y colaboradores tamaulipecos. ¿Nuevas indagatorias, viejos expedientes o golpe político?

Por Ramón Alberto Garza

Los nombres de los priistas Eugenio Hernández, Tomás Yarrington y Manuel Cavazos Lerma, fueron incluídos esta semana en una alerta girada por el gobierno federal a distintos aeropuertos mexicanos.

El oficio fechado el pasado 13 de enero, bajo la referencia CGA/595/2012, es firmado por el agente del ministerio público federal David Juárez Mora. Pero el documento apenas fue remitido y conocido la semana pasada en las sedes aeroportuarias.

De acuerdo a reportes de seguridad e inteligencia nacionales y extranjeros, los tres ex gobernadores de Tamaulipas habrían sido incluídos en una averiguación previa de la Subprocuraduria de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), adscrita a la Procuraduría General de la República.

Fuentes consultadas revelaron que el oficio exige a los funcionarios aeroportuarios dar aviso a las autoridades sobre el tránsito de los tres políticos priistas y de 46 personas más.

Se demanda que den aviso sobre cualquier vuelo nacional o al extranjero que realicen a partir de ese momento, e incluso se pide el reporte de los vuelos que habrían hecho los personajes en los 90 días anteriores al exhorto.

El listado incluye a familiares de los ex gobernadores, funcionarios de sus administraciones, empresarios presuntamente afines a sus intereses e incluso algunos comunicadores tamaulipecos.

La alerta no define los términos de la averiguación, pero se presume que podría está vinculada a distintas denuncias presentadas entre 1998 y 2011.

Esas denuncias van desde señalamientos por corrupción en el ejercicio de la función pública, hasta presunción de vínculos de los ex mandatarios con actividades ligadas al crimen organizado.

Y a menos que se revelen nuevas indagatorias que obliguen al exhorto, hay quienes advierten que la desempolvada de viejos expedientes podría ubicarse en la antesala al primer golpe politico contra el PRI y que podría terminar de influir en la elección presidencial de 2012.

Uno de los tres ex gobernadores, Manuel Cavazos Lerma, venía fungiendo como secretario de Acción Electoral del PRI bajo la era Peña Nieto. Y ahora es uno de los candidatos insignia por Tamaulipas al Senado de la República.

Durante las últimas dos décadas Tamaulipas se convirtió en el estado sede del Cártel del Golfo, una de las más poderosas organizaciones del crimen organizado que gestara Juan García Abrego, fortaleciera Osiel Cárdenas Guillén y terminara dividido y confrontado con su brazo operador que fueron Los Zetas.

Después de Chihuahua y Sinaloa, Tamaulipas se convirtió en la tercera entidad con el mayor crecimiento en el número de ejecuciones por crimen organizado. De las 266 que registró entre 2007 y 2009, se dispararon a mil 206 tan solo en el 2010.

El despliegue de los cárteles se habría acelerado en el sexenio de Manuel Cavazos Lerma (1993-1999), recrudecido en el de Tomás Yarrington (1999-2004) y alcanzado su clímax en la administración de Eugenio Hernández (2004-2010) con el asesinato en junio de 2010 del candidato priista a la gubernatura, Rodolfo Torre Cantú.

Uno a uno los tres ex gobernadores han sido señalados en su momento como solapadores o cómplices de las actividades del cártel que en los 90’s y en la primera década del nuevo milenio dominó la mitad del narcotráfico en México.

MANUEL CAVAZOS LERMA.- Sus expedientes de presuntas vinculaciones al crimen organizado incluyen una denuncia presentada ante las autoridades mexicanas y norteamericanas por Omar Durán, un alto funcionario sanitario de Tamulipas que está exiliado desde hace 13 años en los Estados Unidos.

De acuerdo a su denuncia, expuesta el 25 de noviembre de 2010 en el noticiero de Carmen Aristegui, como gobernador Cavazos Lerma habría solapado el tráfico de armas y drogas entre Chiapas y los Estados Unidos a través de los retenes fitosanitarios instalados en Tamaulipas.

Sus revelaciones ante las autoridades federales y norteamericanas le habrían valido al funcionario las presuntas amenazas a sus hijas por parte del chofer del entonces gobernador.

Además la presunta exigencia del secretario particular de Manuel Cavazos Lerma para que retirara sus acusaciones. Siempre bajo la promesa de que “el sol sale para todos”. No aceptó y se vio obligado a pedir asilo a las autoridades norteamericanas.

TOMÁS YARRINGTON.- Sus relaciones políticas y personales con el presidente panista Vicente Fox fueron inmejorables.

Y su operación electoral –ya con su sucesor Eugenio Hernández como gobernador– le dieron a Felipe Calderón los votos suficientes para que con Nuevo León, Sonora, Coahuila y Puebla, entre otros estados priistas del Tucom, el panismo ganara la presidencia en 2006.

Desde 1998 enfrentó el expediente 146/DGMPE-EB/98 por una denuncia interpuesta por el perredista José Luis González Meza y por el ex embajador de México en Nicaragua, José Puente León.

En ella se acusa al entonces gobernador de tráfico de influencias y lavado de dinero, pretendiendo ligarlo con Osiel Cárdenas Guillén, quien –de acuerdo a esa averiguación– se presume vivía muy cerca de la casa del ex gobernador.

La denuncia incluiría un presunto video en el que Yarrington habría acudido a apadrinar la fiesta de una de las hijas de quien en ese entonces era el jefe de jefes del Cártel del Golfo. Hasta ahora la denuncia no prosperaba en la PGR.

Y no sería la primera vez que pretenden darle un golpe político a quien el ex presidente norteamericano George W. Bush calificara en el 2003 como “una estrella en ascenso dentro de la política mexicana”.

Hace seis años, cuando se disputaba la interna priista en la que Tomás Yarrington figuraba como precandidato por el Tucom, apareció en febrero de 2006 un desplegado en el diario Reforma.

Firmado por un ingeniero y empresario tamaulipeco, Rogelio Villa García, se pretendía ligar al ex gobernador al cártel de Osiel Cárdenas Guillén y exigía cuentas sobre su fortuna.

El desplegado pretendía vincular el financiamiento de la precandidatura del ex gobernador tamaulipeco al dinero negro del Cártel del Golfo.

La trama cayó por sí misma cuando nadie, ni medios ni cámaras patronales, pudieron identificar quién era Rogelio Villa García.

EUGENIO HERNÁNDEZ.- La mayor crisis en la lucha contra el crimen organizado en Tamaulipas se dio el 28 de junio de 2010, días antes de la elección para gobernador, cuando el candidato del PRI, Rodolfo Torre Cantú, fue abatido con sus escoltas en las afueras de Ciudad Victoria.

El relevo de su hermano, Egidio Torre Cantú, y su consecuente victoria, no aminoró el sacudimiento político que significó el deceso del candidato priista. Y las especulaciones arreciaron sobre los móviles de su ejecución.

Otro de los casos más emblemáticos en la administración de Eugenio Hernández lo constituyó la captura de Ismael Ortega Galicia, que figuraba como escolta del gobernador tamaulipeco.

El hombre de 35 años de edad aparecía en las listas de los sicarios más buscados por los Estados Unidos, con una recompensa de 5 millones de dólares. La publicación fue hecha por el diario Reforma el 3 de julio de 2010, unos días antes de la elección para gobernador.

Durante la gestión de Eugenio Hernández se dio también el descubrimiento de los 72 cadáveres de migrantes en una narcofosa en el municipio de San Fernando, en un hecho que conmocionó a la opinión pública internacional.

Sin embargo esa administración vivió el mayor recrudecimiento de la violencia, tanto en las fronteras como en los puertos tamaulipecos, como consecuencia de la guerra que se libró tras la ruptura entre el Cártel del Golfo y Los Zetas.

Aliados con el cártel de los Beltrán Leyva, Los Zetas pretendieron imponer su ley por encima del Golfo, que terminó aliado a los intereses del Cártel de Sinaloa, que encabeza Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Pero quien sin duda previó el lanzamiento de la alerta migratoria que hoy tiene bajo la lupa a los tres ex gobernadores priistas de Tamaulipas fue Manuel Cavazos Lerma.

Y en una declaración en la que defendió en días pasados al candidato priista Enrique Peña Nieto contra la ola de ataques en su contra, el ex gobernador alertó:

“Hay que defender a Enrique Peña Nieto… anda muy arriba y como anda muy arriba, lo andan golpee, golpee y golpee.

“Y tenemos que defenderlo, tenemos que cuidarlo. Y lo mismo si hablan mal de Lupita Flores de Suárez (compañera de fórmula de Cavazos Lerma al Senado), o de un servidor.

“Hay que salir a la defensa, no dejen las cosas al ahí se va, porque luego, como lo decía Hitler, una mentira mil veces repetida se hace verdad”.

Mentira o verdad, la alerta migratoria emitida contra los tres ex gobernadores dará mucho de qué hablar.

 

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Un peatón que camina entre metáforas, código, sueños...convencido de que un paso, hace la diferencia al andar. Lo que nos resta de Patria, debemos defenderla! Para dejarle algo de sustancia de ella a nuestros hijos, algo de su esencia que nosotros disfrutamos un día a carcajadas...
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