CUÁNTO VALE LA SEDENA?

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La especulación se tiñe con sangre, rejas de prisión, golpes bajos en la prensa y hasta traición a la patria mediante filtraciones periodísticas
Al entregar Tierra Santa a Saladino, el personaje que Orlando Bloom encarna en la película “La Cruzada” pregunta al guerrero musulmán “¿cuánto vale Jerusalén?”. Como corresponde a toda escena cinematográfica vital, el vencedor en la batalla de Hattin contesta que nada, pero después de caminar unos pasos hacia la ciudad amurallada se detiene, vuelve el rostro, mira a Ballán de Bellín y espeta con sonrisa maliciosa, señalándose a sí mismo: “¡Todo!”. No se trata de guión cinematográfico, pero en la disputa, combate, lucha o guerra por la Secretaría de la Defensa Nacional, alguno de los protagonistas podría repetir lo que Saladino: ¡Vale todo! Quizás de siempre ha ocurrido así, y no nos enterábamos, pero hoy es posible encontrar en hemerotecas, Internet y en lugares frecuentados por políticos todo tipo de especulaciones sobre la cruenta batalla que, con descaro, se libra en el círculo más íntimo del general Guillermo Galván Galván por la designación más importante que Enrique Peña Nieto hará antes de tomar posesión de la Presidencia de la República. La especulación se tiñe con sangre, rejas de prisión, golpes bajos en la prensa y hasta traición a la patria mediante filtraciones periodísticas; los especuladores creen identificar las huellas dactilares mientras los protagonistas ya no ven lo duro, sino lo tupido, porque se dice, con descaro, que entre los aspirantes hay hasta quien ha puesto precio a la Secretaría de la Defensa Nacional como si de inversión se tratara. ¿De parte de quién o de quiénes? Y es que en el contexto, que impuso Felipe Calderón, de guerra contra el crimen organizado, el manejo de las Fuerzas Armadas, como Jerusalén, vale todo. Tantos millones de dólares como sean necesarios, porque su control redituaría lo inimaginable. No es exageración, pero si el general Galván no hace valer las cuatro estrellas que luce su kepí, y pone freno a los rijosos, la guerra podría terminar en masacre y, consecuentemente, arrastraría al suelo el prestigio, ya maltrecho, de las Fuerzas Armadas por el golpeteo incesante e inclemente a que lo ha sometido la otra guerra, la que, sin marco jurídico, libra contra el crimen jurídico por instrucciones de Felipe Calderón.

LA FORTALEZA DERRUIDA

Y para todo hay sospechosos; los nombres circulan sin rubor. El proverbial secretismo militar ha sido derruido por la ambición. El civil que logra penetrar las murallas de la Secretaría de la Defensa Nacional suele toparse, casi a cada paso, con la consigna: “Militar, recuerda: Lo que aquí se dice y se escucha, aquí se queda. Esa es nuestra fortaleza”, pero ya no hay quien atienda la consigna; el silencio ya no es fortaleza de las Fuerzas Armadas; todo está en los medios. Lejanos son los tiempos en que el aprendiz de reportero era advertido sobre respetar a la Virgen de Guadalupe, al Presidente y al Ejército. Después de Vicente Fox y monseñor Guillermo Schulemburg nos quedaban “Los Verdes”; hoy, a partir de la guerra contra el crimen organizado y de los informes del ex embajador Carlos Pascual a Hillary Clinton, ni ellos. En otros tiempos, el general en retiro Roberto Miranda Sánchez habría mantenido la boca cerrada, o se la habrían cerrado hasta el final de sus tiempos, pero hoy, sin preocuparse por las reacciones que desate hacia el interior de la institución a la que sirvió, el ex jefe de Estado Mayor del Presidente Ernesto Zedillo se atrevió a calificar a la Sedena como “anquilosada (y) rezagada” a causa de su estructura administrativa. Desde luego, se considera con los arrestos suficientes para encauzarla a la modernidad si Peña Nieto lo convocara. Aún en su época de poder irresistible con Zedillo, Miranda habría sido disciplinado por aceptar o promover públicamente sus aspiraciones a secretario de la Defensa Nacional y criticar públicamente su estructura, pero ya no hay secretismo ni quien meta orden.

PRISIÓN Y SANGRE

No puede haberlo a partir de que el general Tomás Ángeles Dauahare, que la madrugada de éste miércoles ingresó a la prisión de alta seguridad de “La Palma” por supuestos vínculos con el crimen organizado, expresó su sospecha de ser víctima de una maniobra para evitarle ser secretario de la Defensa Nacional. Ángeles Dauahare es de los generales de División más apreciados no sólo por militares de todo rango, sino por políticos, periodistas y líderes sociales. Se le suponía incorruptible hasta que el Ejército lo aprehendió y entregó a la PGR, que de inmediato lo puso bajo arraigo. Ángeles fue subsecretario de la Defensa Nacional con el general Galván y, conforme a una de las leyendas urbanas, le disputó la nominación en 2006 e inclusive pudo sucederlo en el primer tercio del sexenio. Conforme a la versión, supuestamente difundida por él mismo, su superior jerárquico estaba a punto de ser relevado porque, además de requerir servicios de diálisis, padecía cáncer terminal, lo cual resultó una monumental mentira. Quizás por esto fue que con el ceño fruncido, según Carlos Loret de Mola, Galván habría exclamado en alguna ocasión, refiriéndose a Ángeles: “Ese cabrón es un traidor”. Que se sepa, no existe desmentido. Los “expertos” en temas militares que hoy pululan se dan vuelo. Basta ingresar a la Internet para encontrarse con que hasta el asesinato del general Arturo Acosta Chaparro es relacionado con la sucesión del general Guillermo Galván; también habría aspirado a ocupar su oficina. En compañía del general Humberto Hermosillo, Acosta Chaparro, uno de los generales involucrados en la “guerra sucia” con que el priato mantuvo a raya a los grupos guerrilleros, fue encarcelado, procesado y sentenciado por supuestos vínculos con el crimen organizado, pero también exonerado. Recuperó honor, rango y haberes, y fue utilizado, siempre conforme a las leyendas urbanas, por el gobierno calderonista, concretamente por Juan Camilo Mouriño, como mediador con el crimen organizado en busca de una tregua. Ninguno de los dos puede desmentirlo. Uno falleció en un accidente aeronáutico aún bajo sospecha, y el otro ejecutado. A la muerte del entonces secretario de Gobernación, el militar quedó colgado de la brocha, caminando sobre la cuerda floja entre dos mundos, abandonado por uno y sin capacidad de cumplir al otro. Para alimentar el “sospechosismo”, su ejecución, el 20 de abril de 2012, cuando un individuo le disparó, por la espalda, en la cabeza, ocurrió un día después de desayunar con el general Ángeles Dauahare, que, a su vez, fue aprehendido por el Ejército el 15 de mayo. La muerte lo seguía obstinada. El 19 de mayo de 2010 sufrió un primer atentado; en esa ocasión recibió 4 balazos, pero se recuperó. ¿Qué tanto hay de cierto en que la prisión de Ángeles Dauahare y la ejecución de Acosta Chaparro tienen que ver con los intereses en disputa por la oficina del general Galván? Mera especulación, porque informes de IMPACTO sitúan el origen de la investigación contra el ex subsecretario en 2008, cuando recién causó baja. En aquel entonces fue entorpecida por la renuencia de la Sedena a entregar informes sobre la adscripción de diversos militares relacionados en las pesquisas. Fue hasta mayo pasado que el Alto Mando se rindió ante las presuntas evidencias aportadas por testigos “colaboradores” y un oficial. Fue así que ordenaron su aprehensión y entrega a la PGR.

LAS CASUALIDADES SE REPITEN

Y como si de casualidades se tratara, en el anuncio sobre el obsequio de la orden de aprehensión contra Ángeles y otros militares de alta graduación, la PGR sorprendió con la revelación del supuesto involucramiento, en el mismo caso, del general brigadier Rubén Pérez Ramírez, que durante algún tiempo del mandato de Enrique Peña Nieto como gobernador del Estado de México fungió como jefe de la XXII Zona Militar, con sede en Toluca. Ya comandante de la zona militar de Cancún, Pérez Ramírez fue contactado por “La Barbie”, a través del general Roberto Dawe, con la petición de permitirle usar el aeropuerto. No aceptó sobornos, pero se hizo de la vista gorda por temor. Hoy es testigo “colaborador” de la PGR y permanece resguardado, en espera de comparecer, ante un juez, contra sus ex compañeros de armas. Su caso no tendría interés para este reportaje de no ser porque, por suerte, le tocó ser protagonista en la inauguración de las instalaciones que el entonces gobernador Peña Nieto entregó a la Defensa Nacional a cambio del predio que durante años fue sede de la XXII Zona Militar y que la administración mexiquense convirtió en un gran parque. La ceremonia es recordada por la inusual fotografía que IMPACTO, La Revista publicó el 21 de noviembre de 2010, en su edición 3169. De pie, como ocurre, únicamente, cuando el Presidente de la República pasa revista a la tropa, el gobernador Peña Nieto viaja en un Jeep militar acompañado por el general secretario Guillermo Galván. En el asiento del copiloto se encuentra el general de brigada Rubén Pérez Ramírez. Al fondo, en la fotografía que, según IMPACTO, “causó urticaria”, luce la monumental Bandera nacional. La fotografía dio pie a la especulación: El general Galván ya tenía candidato y no tenía reparo en lucirse con él, sin embargo, no hubo señal pública de la mínima molestia del inquilino de Los Pinos. Empero, hoy, los “expertos” podrían aprovechar la fotografía para especular con que la vinculación de Pérez Ramírez al caso de Ángeles tiene la intención de sacarlo de la sucesión de Galván, para la que, sin embargo, no tenía posibilidad alguna por no ser divisionario. No obstante, ¿qué podría impedir que, en cualquier momento, lo ascendieran a divisionario, condición que se requiere para alcanzar la cuarta estrella que distingue al general secretario? Existe, por lo menos, un antecedente, en el sexenio, de ascenso de general de Brigada a División fuera del protocolo no escrito (en febrero pasado y no en noviembre, como se acostumbra). Se trata del general Alfonso Duarte, que alcanzó la fama por dos hechos escandalosos y su proclividad a violar derechos humanos. Fue quien regañó en público, y frente a las cámaras gubernamentales de televisión, al secretario general de Gobierno de Baja California, Cuauhtémoc Cardona, pero también es responsable de la incursión militar, sin orden de cateo, en casa de Jorge Hank Rhon en Tijuana. El caso fue relacionado con la sucesión presidencial puesto que la ilegal invasión a la casa del ex candidato priísta a gobernador de Baja California ocurrió en pleno proceso electoral del Estado de México, en ocasión de la candidatura de Eruviel Ávila. Si el asunto no pasó a mayores fue porque la procuradora Marisela Morales cargó con el escandalo sin deberla. El Presidente Calderón y la procuradora se enteraron de la ilegal incursión cuando Hank Rhon ya estaba en manos de los militares. El propio general Galván comentó, en una reunión de divisionarios, haber sido informado cuando los hechos ya habían ocurrido. Su franqueza causó estupor. Los generales, sin embargo, miraron discretamente a quien estaba a su lado. Bien, Pérez Ramírez ya no podrá ser divisionario, no por lo menos en tanto no aclare su presunta vinculación con “La Barbie”, pero, al igual que Duarte, estuvo en posibilidades de ascender en cualquier momento, digamos que en noviembre próximo, para estar en condiciones de aspirar a la Sedena.

LA HERMANDAD

Los eventos en torno a Duarte conducen a la sucesión en la Sedena. Su inesperado ascenso a divisionario, a pesar de las acusaciones que obran en su contra por violación a derechos humanos (mucho antes de la incursión de la tropa a la casa de Hank Rohn y de la intromisión en las mismas condiciones, es decir, sin orden de cateo, en casa de la hermana del comisionado nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia), permitió a los “expertos” especular que Calderón lo colocaba en posición de ser elegible para general secretario. Sobre Duarte ejerce jefatura el subsecretario Carlos Demetrio Gaytán Ochoa, de quien se especula que, confabulado con el entonces secretario de Gobernación, autorizó el operativo en contra de Hank Rhon. La intención de Francisco Blake habría sido deshacerse de su posible rival en la elección del próximo gobernador de Baja California y, de paso, lastimar la sucesión de Peña Nieto en el Estado de México. Gaytán Ochoa es uno de los nombres más mencionados cuando se habla del futuro general secretario. Sus pares reconocen la estrecha amistad que mantiene con Galván; ésta le concede una posición de privilegio inusual en la Sedena. Tradicionalmente, los subsecretarios de la Defensa están de adorno. La inercia no la pudieron vencer Galván ni Ángeles, porque el poder lo ejerce el Jefe de Estado Mayor por delegación del secretario. No es el caso de Gaytán Ochoa, que lo comparte con el general Luis Arturo Oliver Cen, pero también con el Oficial Mayor, Salvador Cienfuegos Zepeda. Los tres han formado una especie de hermandad de la que, suponen, necesariamente emergerá el siguiente secretario de la Defensa. El problema es que no podría ser así necesariamente. En las últimas semanas se ha intensificado el golpeteo mediático contra el general de División Moisés García Ochoa, director de Administración, tan cercano al general Galván como Gaytán Ochoa, pero, de igual manera, extraño a la hermandad, por su origen en la Infantería. Por otra parte, ha sido cercano a los tres últimos secretarios, entre ellos Enrique Cervantes y Clemente Vega. La filtración de los contratos de la adquisición de equipo de “espionaje” por valor de 5 mil millones de pesos tuvo la única finalidad de lastimar a García Ochoa. Los beneficiarios con la filtración no dijeron, sin embargo, que el director de Administración es el último eslabón en esta acción que, conforme al Código Penal Federal, constituye traición a la patria porque alerta al enemigo (en este caso el crimen organizado) sobre las herramientas con que el Ejército pretende combatirlo. Quien dispone qué equipo de “espionaje” adquirir es el jefe de Estado Mayor, Oliver Cen, que, a su vez, pasa el asunto al Oficial Mayor, Cienfuegos Zepeda, que preside el Comité de Adquisiciones. García Ochoa sólo compra los aparatos y no se beneficia de su uso. Si de espiar a civiles se tratara, conforme al reportaje que reveló la adquisición, sería otro el departamento que lo haría, y no la Dirección de Administración, concretamente, el Estado Mayor de la Defensa. El general Galván ha declarado que se investiga la filtración. Pareciera de rutina identificar a los filtradores. La documentación sólo obra en poder de la Dirección de Administración, del Estado Mayor de la Sedena, del Comité de Adquisiciones y de la Inspección General del Ejército. Curiosamente, los contratos, cuyas copias son exhibidas en el portal de Internet de Carmen Aristegui, lucen el sello de la Inspección General. Obligadamente, los investigadores deben mirar hacia el inspector, el general Marco Antonio González Barrera, o a su antecesor, el ahora oficial mayor, Salvador Cienfuegos Zepeda. Y, en última instancia, al jefe de Estado Mayor, Oliver Cen. Ni modo que García Ochoa los hubiese hecho públicos para dañarse a sí mismo. En igual caso está la revelación de la compra del avión presidencial. Fue el Presidente Calderón quien dispuso la adquisición de tres aviones, no uno; si la compra se realiza, no será él quien los use, sino su sucesor. Como dijo el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, la nave más importante tiene características de seguridad nacional, pues estará equipada para repeler agresiones en pleno vuelo. La compra, el tipo de aviones, un Boeing y dos Bombardier, y su equipamiento no fue iniciativa de García Ochoa ni del general Galván, sino del Presidente Calderón, que decidió evitar a su sucesor la carga del escándalo mediático por la operación. Pero la embestida contra García Ochoa, único general que ha participado en cinco operativos internacionales, arrancó al conocerse que será el comandante del desfile del 16 de septiembre próximo. Antes ni quién se ocupara de él. La encomienda lo metió de lleno en la lucha por la Defensa Nacional y puso en alerta al resto del equipo cercano al general Galván.

EL GENERAL NO PREVISTO

Los aspirantes a suceder a Galván no contaron con la irrupción de otro general, éste sin posibilidad alguna de ser secretario de la Defensa, por su condición de extranjero. Óscar Naranjo Trujillo asesorará a Peña Nieto en la guerra contra el crimen organizado, en la que el primer protagonista será, de nueva cuenta, el Ejército. ¿Tendrá opinión en la designación del funcionario más importante del próximo sexenio, sólo después del Presidente? ¿Habrá registrado la guerra por la Sedena? Naranjo Trujillo mantiene una estrecha relación con la procuradora Marisela Morales, quien, a su vez, es amiga entrañable de Gaytán Ochoa y García Ochoa. Quizás su opinión pese. Los “expertos” en cuestiones militares aseguran que el Presidente no consulta decisiones de esta envergadura ni con las sábanas y que la mantiene en secreto hasta tomarla, en especial en condiciones como la que Calderón entregará el país y por la atención que los norteamericanos tienen sobre el tema. En este valle, en donde hasta Alejandro el macedonio resbalaría, no hay cabida para quien ronda en torno a los supuestos círculos más estrechos del futuro ofreciendo sus billetes verdes; tampoco para quienes durante anteriores encargos se quedaban con porcentajes de lo asegurado a narcotraficantes, ni para quienes se fatigan promoviendo supuestos compadrazgos con Peña Nieto, presumiendo gastar el tiempo jugando con él al golf o adueñándose de la paternidad de su propuesta de Gendarmería Nacional. En suma, la Secretaría de la Defensa Nacional será la joya del gobierno próximo, pero toca a quien la entregará, el general Galván, meter en orden a sus tres o cuatro más cercanos a su oficina y a su corazón, de lo contrario, la guerra por su oficina terminará en masacre.

(Tomado de IMPACTO) Por Juan Bustillos

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